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¿Quiénes somos?

Somos un movimiento de la Sociedad Civil Venezolana que ha asumido los mandatos establecidos en los artículos 350 y 333 de la Constitución. Fuimos los proponentes y ayudamos a realizar la Consulta Popular del 16 de Julio de 2017, jornada que recogió la voluntad de un país que despertó y decidió hacerse libre. La grandeza del mandato de esa Consulta se sobrepone a la miseria de los intereses que se oponen a su implementación.

El 16J, en efecto, más de siete millones y medio de venezolanos manifestamos nuestra voluntad de iniciar y orientar el cambio urgente que el país necesita, y nos comprometimos a participar en la tarea libertadora de defensa, rescate y reconstrucción de Venezuela a través de:

  • Rechazar y desconocer el proceso fraudulento de convocatoria a una constituyente sin consulta previa a los venezolanos, que implica desconocer a la asamblea Nacional constituyente ilegítima y fraudulenta.
  • Exigir a la FAN y a todos los organismos y personas del sector público, el cumplimiento y respeto del contenido de los artículos 328 al 330 de la Constitución.
  • Ratificar la decisión soberana de la Asamblea Nacional para iniciar, de inmediato, la renovación de los poderes públicos, y apoyar y convocar la realización de elecciones libres y transparentes en todas las instancias requeridas, como las mencionadas, incluyendo la nacional, para la instauración de un Gobierno de Unión Nacional para la reconstrucción del país.

Como entidad organizada, el Movimiento Libertadores reúne a representantes y miembros de todos los sectores de la sociedad civil, en particular a quienes han venido luchando, de muchas maneras, y desde mucho tiempo atrás, por la democracia y la justicia para todos por igual en nuestro país.


Definición de agenda 2018 - Minuta de reunión 29/12/2017.

Objetivo

¿Qué objetivo perseguimos?

Nuestro objetivo está reflejado en nuestro origen y nuestra actividad. Queremos fortalecer a la sociedad civil organizada para que su esfuerzo, aunado al de otros actores relevantes, como son los partidos políticos democráticos, de amplio espectro doctrinario, y la comunidad internacional, contribuya a restablecer el orden constitucional democrático en Venezuela.

Desde ya, intensificaremos el trabajo que venimos haciendo, desde cada agrupación de la sociedad civil, coordinando lo más posible todos los esfuerzos en ese sentido, para aliviar y resolver los problemas urgentes del hambre, la salud y la seguridad del pueblo venezolano, soluciones que solo podrán consolidarse mediante un gobierno de transición a la democracia.

Logrado un cambio de gobierno, haremos lo propio para contribuir a que el país se enrumbe al desarrollo, lo que implica crear capacidades y oportunidades para todos; asegurar la vida democrática republicana y el imperio de la justicia para todos; dejar atrás el rentismo, y recuperar la soberanía económica, territorial y geopolítica.

Para alcanzar estos fines, por su significado de bastión y cúspide de la fuerza organizada del pueblo soberano del presente y de todo su pasado histórico, perseguimos hacer valer, profundizar y generalizar la decisión soberana que emergió de la Consulta Popular del 16J, sumando cada vez más organizaciones y personas, del más amplio espectro doctrinario, ideológico, ocupacional, económico, cultural, de la sociedad civil, tanto por su representatividad sectorial, gremial, etc., como por su liderazgo territorial y comunitario, o por su autoridad personal, en alianza con todos los sectores democráticos y con los actores de la comunidad internacional que se pongan de lado de nuestro país, mediante la cooperación y el respeto a nuestra calidad de república soberana.

Camino

¿Qué camino emprendemos?

Los mandatos del 16J, producto de la única elección popular legítima y no manipulada que se ha realizado en Venezuela después de la elección de la AN realizada en diciembre de 2015, señalan el camino que el pueblo soberano ha decidido que debemos seguir en este momento histórico, y no pueden ser ignorados.

La historia olvidará los fraudes y los enfrentamientos egoístas de los últimos tiempos y del pasado en general, pero siempre reconocerá que el civismo unitario, desde las urbanizaciones de la clase media, hasta los barrios populares; y el heroísmo que asumieron nuestros ciudadanos en la lucha del año 2017 por recuperar su libertad y soberanía, son la máxima expresión de voluntad política del pueblo venezolano.

Voluntad que expresa, más allá de legítima desobediencia civil, obediencia constitucional a la que estamos obligados todos los venezolanos, en particular los demócratas, pues la Constitución nos manda a desconocer a este régimen y sus instituciones ilegítimas, en particular la ANC (artículo 350), y a sustituirlos (artículo 333), camino que retomamos ahora con más empeño y espíritu unitario que nunca.

En función de ello, nuestro primer planteamiento es hecho a la directiva de la AN, y a todos y cada uno de sus diputados, recordándoles la obligación que adquirieron con toda la sociedad venezolana al recibir de ella los mandatos del 16J, exhortándolos a designar de inmediato un CNE legítimo, integrado por ciudadanos civiles de reconocida probidad y conocimiento, sin ninguna filiación partidista, el cual brinde al soberano las garantías necesarias para la realización de unas elecciones transparentes y sin ventajismos.

Contar con un nuevo CNE es urgente para impedir la comisión de más fraudes por el régimen que ejerce el poder, por lo que -de producirse más dilaciones en su designación- solicitamos del TSJ legítimo, actualmente constituido en el exilio, que asuma directamente la elección de sus miembros.

Partiendo del principio de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio, y estando ante el secuestro de las autoridades llamadas a servir de árbitros electorales, planteamos al país que debemos prepararnos para realizar, desde la sociedad civil, y con la participación de todos los actores políticos que nos apoyen en Venezuela, los comicios necesarios para elegir presidente de la república, gobernadores, consejos legislativos, alcaldes, consejos municipales, consejos comunales, gremios y sindicatos en todo el país.

Impulsaremos asambleas populares en todas las comunidades del país, para que sean los propios ciudadanos, organizados, quienes asuman su soberanía y sus auto-gobiernos en cada uno de sus espacios, para llenar el tremendo vacío que la falta de gobierno nos ha dejado en todos los ámbitos.

Así, nuestro segundo planteamiento es proponer a todo el país que no sólo cumplamos los mandatos del 16J, sino que los profundicemos y los generalicemos, unidos todos en una nueva alianza, más inclusiva y poderosa.

En efecto, en vista de los últimos acontecimientos, que reafirman la falta de independencia de los poderes públicos y la voluntad del régimen de acudir siempre al fraude electoral, proponemos a los venezolanos, en particular a todos los liderazgos políticos que han adoptado la estrategia del coraje, sumar esfuerzos para aplicar los artículos 350 y 330 de la Constitución, que lleven a la elección, usando los métodos del 16J, de gobiernos legítimos en todas las instancias nacionales y territoriales, puesto que las elecciones de gobernadores realizadas el 15 de Octubre, mediante el CNE fraudulento, y las venideras, carecen, y carecerán, respectivamente, de toda legitimidad, y las desconocemos desde ya.

Llamamos para esta tarea soberana, una vez más, a la Fuerza Armada Nacional y a todos los funcionarios públicos honestos, conscientes del momento histórico y de su obligación constitucional, para que se pongan del lado del pueblo, y nos acompañen en el rescate de la República.

El Movimiento Libertadores adoptará como parte de su actividad normal, el apoyar, potenciar y coordinar con los demás sectores, la fuerza y entidad de cada componente sectorial y comunitario de la sociedad civil para lograr los objetivos de libertad, paz y progreso que unen a toda la sociedad, incluidas las metas de sus luchas reivindicativas. Todo en el contexto de nuestra lucha política general.

Especial mención merecen las actividades que el Movimiento Libertadores realizará en el ámbito internacional, donde surgen apoyos no solo políticos y diplomáticos, sino del tipo de ayuda humanitaria, con lo cual estaremos al frente para propiciar y ayudar, como hemos dicho, especialmente a los barrios populares y a los más necesitados.

Pacto

Un Pacto Republicano

Con la finalidad de poner en marcha la acción política esbozada, proponemos a todos los factores de la sociedad venezolana hacernos parte de un gran pacto político-social, que llamamos Pacto Republicano. El Pacto consiste en una alianza de amplio espectro, integrada por las fuerzas políticas que hayan adoptado la estrategia del coraje, incluyendo a los independientes, al chavismo democrático, a los representantes civiles de la fuerza armada y a los miembros de la comunidad internacional alineados con nuestros objetivos. Se persigue coordinar acciones que estén alineadas con los intereses de quienes padecen los rigores de este gobierno oprobioso: el pueblo venezolano. Más allá de los intereses naturales de los partidos políticos por ser electos a cargos de representación. El borrador de dicha propuesta de pacto, cuya forma definitiva debe ser adoptada por los jugadores de la alianza, de mutuo acuerdo, está anexo a la presente comunicación en nuestro sitio web https://www.movimientolibertadores.com.

Mensaje

Mensaje y exhortación final

Finalizamos nuestro mensaje afirmando que Venezuela puede contar con nosotros para defender la Constitución y para labrar, junto a todos sus hijos, el futuro de esperanza, libertad, justicia y progreso que anhelamos y merecemos.

Hoy más que nunca, el espíritu con el que se constituyó el Movimiento Libertadores sigue vigente, pues necesitamos con extrema urgencia liberarnos de este régimen dictatorial. Está planteado fortalecernos en un movimiento cada vez mayor de integrantes de la sociedad civil, para seguir con nuestra lucha, profundizarla, ampliarla, y generalizarla a todos los espacios territoriales, y al ámbito internacional.

Reafirmamos, en fin, que nuestro compromiso del 16J sigue intacto y hacemos, una vez más, un llamado al sector político a asumir los mandatos de entonces.

Exhortamos una vez más, a los demás sectores sociales y políticos a sumarnos todos a un Gran Pacto Republicano, para establecer un nuevo liderazgo sobre bases sólidas, democráticas, inclusivas de todas las fuerzas que tenemos los mismos objetivos, para que esta acción mancomunada y potenciada nos permita enfrentar exitosamente los retos de libertad, paz y progreso para todos, que tenemos planteados.

Finalmente, agradecemos a la Comunidad Internacional todo su apoyo por restablecer la democracia en Venezuela, y le planteamos que siga elevando la voz de los demócratas de todo el mundo y presionando con nosotros para que retornemos a la democracia y podamos iniciar la reconstrucción de nuestro país.

Documentos
Boletines

Boletines

Nombramiento de nuevos jueces en Cabildos Abiertos

Versión definitiva, luego de consulta abierta a la ciudadanía.

Boletín 2.

Movimiento Libertadores 13 de Febrero de 2019

Como dijimos en nuestro comunicado inicial, los ciudadanos venezolanos nos disponemos, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que nos dan los artículos 5 y 70, a actuar como soberano en asambleas y cabildos abiertos vinculantes para asumir el resguardo de los bienes del estado venezolano en las alcaldías, gobernaciones, consejos comunales, empresas del estado y otras instituciones públicas, dado que sus presuntas autoridades están usurpando funciones, y van a estar haciendo actos de vandalismo y pillaje sobre los bienes públicos durante la salida del sátrapa, que está muy cerca. Para llenar el vacío, y suplir la necesidad, se nombrarán autoridades interinas en esas instituciones hasta que haya las elecciones respectivas. El documento puede verse aquí:

https://youtu.be/vyqU1c_8IyI

(El texto está abajo, en los comentarios de YouTube)

Eso va en curso de preparación. Pero les queremos hablar hoy del lógico complemento de ese proceso con el nombramiento de un nuevo sistema judicial interino en esos cabildos también.

De hecho, desde el año 2002, prácticamente el 100% de los jueces han sido nombrados a dedo, por designación provisional, violando con esto, sistemáticamente, el artículo 255 de la Constitución.

Como consecuencia de esa falta de institucionalidad, los ciudadanos nos hemos visto indefensos frente a crímenes de todo tipo. Desde políticos, hasta penales. Hemos llegado a tal nivel de indefensión, que hasta los policías y guardias nacionales nos roban y abusan de nosotros abiertamente, en alcabalas por ejemplo. Los jueces no administran justicia, sino injusticia, a favor de corruptos que pagan las decisiones, en materia personal, administrativa, y en lo político, por ejemplo para encarcelar personas civiles y militares inocentes que adversan al régimen y están poniendo en práctica su derecho a protestar y a rebelarse, obedeciendo la constitución. El tribunal supremo de injusticia es abiertamente inconstitucional, ilegítimo también, y ladrón y asesino de nuestros derechos civiles y humanos.

El Movimiento Libertadores, ante esto, ha decidido que ya basta. Y va a impulsar, también en esta área, la aplicación del artículo 333 para restablecer el hilo constitucional.

1. Tribunales Ciudadanos de Justicia

Por lo tanto, para proveer por la falta de jueces y un sistema de justicia que nos proteja, impulsaremos, en este proceso de toma institucional, la conformación de Tribunales Ciudadanos interinos de Justicia, mientras se logra un proceso de reinstitucionalización del país. Tribunales estos que deben respetar la Constitución, como el artículo 49, del debido proceso, y los acuerdos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aunque formarían parte de una verdadera revolución republicana, estos tribunales no tienen nada que ver con los “tribunales revolucionarios” de Rusia, China y Cuba. Que seguían los intereses de una parte de la población solamente, guiada por el fundamentalismo ideológico. Y excluían sistemáticamente a la gran mayoría de la población en la toma de decisiones.

En nuestro caso, por el contrario, se trata de tribunales ciudadanos que obedecen, no a una ideología, o parcialidad política, sino que son conformados a partir de decisiones democráticas, amplias, legítimas, abiertas, inclusivas, tratando que la búsqueda de jueces y personal de defensa propia sea de máximo consenso posible, incluso si requiere varias asambleas ciudadanas. Eso implica el nombramiento de equipos apropiados de notables para que propongan, a través de un concurso transparente, los mejores candidatos a la asamblea ciudadana para su designación final.

Es la respuesta de legítima defensa ante la falta de un sistema de administración de justicia que defienda la ciudadanía. El sistema de “justicia” vigente no es solo injusto e inconstitucional, sino aberrante. Y la ciudadanía está indefensa ante tal ataque a sus bienes, a sus personas, a sus derechos. De hecho, los ejecutores de la justicia, como son los militares, policías, y los mismos jueces y tribunales, son con frecuencia quienes expresamente usan su poder para robar a los ciudadanos de sus bienes y sus derechos, en provecho propio o de terceros que los capturan, pues son parte del sistema caza renta que debemos cambiar de raíz. Revertir esto requiere de la participación popular, ineludiblemente, como lo hemos explicado en otros comunicados y artículos. También por eso impulsamos este mecanismo de decisión y control ciudadano.

La idea es convocar a los mejores juristas y personas con conocimientos y principios éticos entre los venezolanos, para ser escogidos, luego de un notable esfuerzo para lograr consensos, sabiendo que esto es tan delicado, que no se pueden admitir personas sin los requisitos indispensables, pues juzgar a una persona u organización es la tarea más difícil en el quehacer humano, ya que la condena, o la absolución, pueden implicar daños graves para las partes implicadas y para la sociedad como un todo, tanto de condenar a un inocente, como de absolver a un culpable. La consideración de circunstancias atenuantes o eximientes, la antijuricidad, la proporcionalidad en el ejercicio de la administración de justicia, así como el ser inmunes a los intentos de compra por algunas de las partes en litigio, son requisitos que implican en los candidatos un conocimiento del derecho, una sabiduría humana, y una entereza ética no en abundancia, normalmente. Para esto se requieren los mejores candidatos a jueces. Que los hay en nuestro país.

Estamos hablando de un sistema provisional para lidiar con el día a día, mientras se culmina e implementa la reforma del sistema judicial que está en marcha, y que debe tener el ingrediente sustancial, y definitorio, de la participación popular, y la contraloría social en todo su diseño e implementación, dadas los problemas que hemos tenido en el país de justicia inversa: usada como herramienta para institucionalizar la injusticia contra la gente. La gran aspiración de los demócratas venezolanos es vivir de manera civilizada, con reglas de juego claras, establecidas en la Constitución. Y eso requiere un proceso adecuado de preparación formal. Pero en el ínterin, los ciudadanos se quedarían en un vacío, abiertamente injusto, al beneficiar el estatus quo, si no asumimos nuestro derecho, y nuestra obligación, de cuerdo al artículo 333 precitado.

Para lograr esa excelencia, combinándola con el involucramiento popular, el Movimiento Libertadores se pondrá en contacto con grupos de jurídicos, que dé orientaciones, y produzca nombres como los candidatos idóneos para los comités de notables, y los Tribunales Ciudadanos. Estos actuarían en la emergencia como voluntarios, como la gran mayoría de los equipos que se están conformando para este proyecto de contribución ciudadana del rescate institucional del país.

Ya se observan a diario actos de “justicia”, reacción popular ante la falta de justicia, que son más bien actos de “ajusticiamiento”, por los linchamientos contra el robo, la violación, los asesinatos, que quedan impunes. La idea de los tribunales es empezar a asumir, resolver, y prevenir esas faltas graves, tanto de crímenes, como de “ajusticiamiento”. Se sabe que se podrán cometer injusticias con nuestro sistema de justicia interino. Pero se trata de un dilema que el país debe resolver: entre dejar una situación de facto que favorece la injusticia, y generar uno que, aunque imperfecto, tienda a revolver las emergencias, y represente el inicio de un nuevo sistema de administración de justicia, que es interino, aunque verdaderamente republicano, al tener la anuencia y el protagonismo ciudadano. Con bases constitucionales, legítimas. Que sea de hecho, pero también de derecho, invocando el principio constitucional de necessitas (necesidad política), ante una situación extraordinaria de vacío institucional como la que vivimos.

Profundizando un poco, la idea del nombramiento de los tribunales ciudadanos es resolver de la mejor manera un dilema de la sociedad, en tiempos de anomia, anarquía, falta de vigencia de la justicia. Es claro, sobre todo por la historia de los “tribunales revolucionarios” mencionados, que una asamblea ciudadana puede cometer errores de juicio a la hora de nombrar comités de selección, y de jueces, que pueden no administrar bien justicia. Se puede estar cometiendo el error tipo II de la práctica científica y la administración de justicia: absolver a un culpable (aceptar una nueva teoría que no es sólida, por razones espúreas en el primer caso; nombrar a un candidato a juez que no sea idóneo, en el segundo). Pero no hacer el nombramiento implica el error tipo I que se está cometiendo a diario: condenar a un inocente (rechazar la teoría estándar, por razones cuestionables, en el primer caso; dejar a la sociedad civil indefensa, atosigada por la injusticia del sistema vigente).

Los nombramientos propuestos, desatan el nudo gordiano de ese dilema, tratando, por un lado, de minimizar el error tipo II, con la búsqueda cuidadosa de buenos candidatos representativos, por un lado, pero definitivamente evitando el error tipo I que se comete de manera flagrante y notoria, que deja a la gente indefensa, y con ganas de administrar justicia por su propia mano, por el otro. Por lo demás, es mejor que la comunidad organizada administre justicia, a que una persona o grupo lo haga, o que la sociedad apruebe en la práctica, por su ineptitud o su pasividad, desobedecieno con esto su obligación constitucional, los crímenes contra las personas, sus derechos y sus bienes. En esto, estamos invocando, de nuevo, el derecho, y la obligación, a la restitución del derecho y la justicia, como lo manda el artículo 333 la Constitución.

La planificación de los cabildos abiertos implicará el contactar a los tribunales de cada comunidad involucrada, de todos los niveles y áreas legales. Los propuestos Tribunales Ciudadanos deben surgir de Cabildos Abiertos en que posiblemente pase lo de Emparan el 19 de Abril: la gente no quiere a los jueces usurpadores, y quiere sustituirlos, y lo hará por derecho constitucional. Así pues, este proceso debe profundizarse y extenderse con mecanismos asamblearios de revocación o confirmación expedita y apropiada, con base constitucional, de los jueces y tribunales a todos los niveles, no solo civiles, sino también militares, que no administran justicia, sino injusticia. El pueblo venezolano quiere servir de catalizador para apurar ese proceso de reinstitucionalización que apenas comienza, y para garantizar que se haga bien, a la vez que asumir la emergencia en el tema de administración de justicia.

2. Guerra contra el hambre y la enfermedad.

Antes de terminar, una palabra sobre los delincuentes de toda ralea que pululan por nuestro país, y el nuevo sistema de justicia interino. El pueblo venezolano está decidiendo con todo esto una guerra contra el hambre y la enfermedad. En los cabildos abiertos en las instituciones mencionadas, se conformarán también, equipos de defensa propia como lo mencionamos en otros boletines, que llevarán a cabo labores policiales dentro del sistema de justicia interino que se estará creando.

Lidiar con la hambruna implicará, como lo hemos dicho y detallaremos más, una red de distribución de alimentos y medicinas, a partir de los sitios de producción o acopio.

Actos de compra por el desgobierno de CLAP, y su almacenamiento y distribución, serán interpretados como un robo a los ciudadanos venezolanos. Y los perpetradores, y sus protectores militares y policiales, y sus cómplices de todo tipo, nacional e internacional, como sujetos de guerra de agresión contra nosotros. Esas cajas y bolsas deben formar parte del mismo sistema de distribución de todos los venezolanos. Se debe tomar especial cuidado en no excluir al pueblo chavista de este proceso, por supuesto, para actuar como dicta el espíritu democrático e inclusivo de lo que estamos haciendo. Sin embargo, los ladrones a todos los niveles, por ejemplo en la compra y la distribución, que se quedan con la mayor parte, dejando solo migajas al pueblo venezolano, incluso con discriminación política, serán tratados como corresponde: como criminales.

Igualmente, actos de cobra de vacuna en las alcabalas, o de martilleo policial o militar en general, que obstaculizan el tránsito de alimentos y medicinas, serán interpretados como actos de guerra de agresión contra el pueblo venezolano. Lo mismo que actos de vandalismo, linchamientos, saqueos, secuestros, violaciones, maltratos, invasión de la propiedad privada. Robos de motos y carros. Y celulares. Invasiones de tierras y bienes inmuebles. Tráfico de drogas, actividad guerrillera, paramilitar, de choros en barrios populares y cárceles, de colectivos represores y de minería ilegal y depredadora del ambiente. Todo será interpretado como actos de guerra contra el pueblo venezolano. Deben ser reportados por los ciudadanos, detenidos por los policías nombrados en Cabildos, y tratados como reos criminales en los Tribunales Ciudadanos republicanos.

Entre los casos más obvios de criminales, por sus actividades públicas y notorias son los de Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Néstor Reverol, Padrino López, Maikel Moreno y demás miembros del tribunal supremo de injusticia, las cuatro rectoras ladronas, Tarek William Saab, el presidente cubano y todos sus agentes que ocupan nuestro territorio. Los guerrilleros del ELN y las FARC. Agentes terroristas árabes. Delincuentes comunes. Delincuentes de cuello blanco, sean del régimen y de la “oposición”. Todod ellos serán tratados como enemigos agresores de guerra contra el hambre y la enfermedad del pueblo venezolano.

Todo juez, civil o militar, que haya participado en detenciones y encarcelamiento de presos políticos, así como los carceleros que los mantienen tras las rejas o los maltratan, son sujetos de guerra contra el pueblo venezolano, igualmente. Deben ponerse a derecho, devolver el dinero y los bienes robados, y liberar los presos políticos de inmediato.

Todo ciudadano tiene el derecho, y el deber, de reportarlos, con nombres y apellidos, a nuestro sistema judicial ciudadano. En particular, usando las redes sociales.

3. Notas finales 

A los jueces usurpadores y personal del sistema de injusticia imperante, se les respetarán sus derechos laborales y sus personas y familias, así como a todos los reemplazados en cabildos abiertos, en un proceso de transición de saneamiento de la administración pública. Pero no podrán seguir administrando injusticia.

La medida presente, tomada por iniciativa republicana de la misma ciudadanía, es una muestra de que es crucial que en la institucionalización participe el pueblo venezolano, doliente de todo esto, y dueño de todo el porvenir, por su condición de soberano, de derecho, y de garante de una transformación no capturada por intereses ajenos al país, como el de los caza-renta, nacionales e internacionales, y su sistema; que pueda implicar un cambio de modelo hacia uno realmente republicano, no solo un cambiio de personas, que implique el nombramiento de ciudadanos realmente idóneos para el presente y el futuro, que ya se ve promisorio.

La primavera ha llegado. Profundicemos su alcance para que dure para siempre.

Todos somos libertadores. Asumamos nuestro papel para esta nueva batalla: contra el rentismo, contra el hambre y la enfermedad, y por un país productivo, armonioso y justo.

Movimiento Libertadores